Organizaciones de comerciantes indígenas del sector de Bastión Popular, noroeste de Guayaquil, se reúnen con el gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas, para coordinar acciones frente a las extorsiones que enfrenta el sector por parte de bandas delictivas organizadas, quienes les exigen el pago de altas sumas de dinero.

Entre los compromisos asumidos está solicitar a la Fiscalía General del Estado, asignar un departamento que se dedique única y exclusivamente a este tipo de delitos, en coordinación con la Policía Nacional. De la reunión participaron Errol Elizalde Torres, fiscal de la Unidad de Administración Pública del Guayas, Óscar Salguero, jefe de la Unidad Antisecuestro y Extorsiones de Guayaquil, (UNASE) y Hugo Oswaldo Chango, del movimiento Pueblo Quichua de la Costa

El cobro de las “vacunas” ha dejado 3 fallecidos del gremio de comerciantes indígenas hasta el momento. Los hechos han sido
denunciados ante la fiscalía oportunamente, lo que facilita el trabajo de las autoridades para establecer responsabilidades mediante el proceso de investigación.

Hugo Chango, representante legal de los comerciantes expuso ante las autoridades la preocupación de los miles de comerciantes del sector por la gravedad de la situación, “preocupación que en algunos se ha transformado en miedo, y que no estamos dispuesto a seguir soportando” dijo. Por ello la decisión de unir fuerzas con las autoridades.

El Dr. Lorenzo Calvas, como representante del Ejecutivo en la provincia, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de velar por la seguridad de los ecuatorianos, “Como gobierno damos seguimiento a todos los casos de extorsión y nos comprometemos estar in situ, coordinando las acciones necesarias”

Este tipo de delitos está especificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la sanción va de tres a cinco años